Perspectivas para el Cannabis en España

Profundicemos pues en el contexto actual y revisemos la situación general y las diferentes líneas en las que se mueve el marco de la marihuana en nuestro país: Cannabis Social Clubs, cannabis medicinal y cáñamo industrial; las tres puntas de lanza que definirán el modelo español en la década presente.

El contexto nacional : el caos predeterminado por las políticas globales neoliberales

En enero de 2020 se conformó el nuevo gobierno «progresista», en el cual se depositaron grandes esperanzas para que hubiese una apuesta decidida a abordar la cuestión de la marihuana. No obstante, la crisis sanitaria y la pandemia han puesto de relieve muchos otros aspectos preocupantes que han desenfocado esta opción. Esta situación ha evidenciado los límites de nuestro estado de derecho y las carencias democráticas sobre las que se asienta, no sólo por el hecho de facto de no estar preparados para asumir un golpe de estas características, si no por la demostración de que en cada crisis los que pagan el pato son la ciudadanos de a pie.

La hipoteca económica asumida por el Estado español sumergirá los sectores más desfavorecidos en una pobreza absoluta. La deuda del Estado ha aumentado exponencialmente con un impacto directo sobre las pensiones que harán que la jubilación se establezca al menos en los 75 años. Asimismo, prioridades democráticas serán relegadas con la justificación de la crisis y la desigualdad aumentará de forma exponencial, presagiando que cualquier avance en derechos sociales queden relegados a una cultura de maquillaje político.

La polarización ideológica que ya venia asentándose desde la crisis territorial, hace que la derecha y extrema derecha se refuercen presionando al gobierno para limitar cualquier avance social. Finalmente, la crisis con el modelo de Estado surgida a raíz de la escapada del rey emérito a Abu Dhabi y la posición en este tema del PSOE como partido bisagra del régimen actual, evidencia que la tendencia es que todo siga como ha funcionado durante estos 40 años, un modelo de estado diseñado para el beneficio de las élites en el cual las piezas del sistema garantizan que todo siga bien atado para la protección de los intereses del 1% .

Obviamente, en materia de cannabis, nada en el ámbito legislativo hace presagiar que en esta legislatura sea viable plantear algún avance. La justificación para no mover un dedo está servida. El Planteamiento de Podemos de entrar en el gobierno de la nación está saliendo rana. Las contradicciones son evidentes y más bien se puede observar un giro a la derecha del gobierno, más socialdemocracia barata y menos políticas de derechos sociales efectivas. Y es que Podemos, el único partido con una propuesta legislativa para el cannabis clara, lo tiene crudo en general pero más con la marihuana, ya que cualquier intento legislativo en la materia se encontrará con la posición difusa del PSOE y con una derecha enaltecida que aplicará el rodillo de los recursos judiciales a cualquier iniciativa que se pueda plantear; excusa ésta misma para que el PSOE no se plantee mover nada, especialmente con el pobre liderazgo de un presidente del gobierno que sirve a los intereses de la oligarquía con absoluto descaro.

Por tanto, un breve análisis del contexto nos impide ser optimistas en lo que a derechos de las personas usuarias de cannabis y su regulación se refiere. Si bien muchas personas del sector han apostado que la crisis sanitaria y la posterior crisis financiera obligaría al Estado a abordar una regulación del cannabis que fuera defendible por motivos económicos, es evidente que no cederán a esto por las presiones de los sectores económicos clave que se armonizan con una moral neocatólica. No obstante su estrategia de bloqueo puede fracasar por la dureza del impacto económico en el modelo español. Analicemos pues por vectores la evolución del escenario:

Cannabis Social Clubs, la evolución y resistencia de un modelo de organización del consumo de marihuana

Los CSC siguen existiendo y operando en España, aunque la foto es bastante desigual por comunidades. Cataluña y Canarias destacan como las comunidades donde más asociaciones existen a día de hoy. Se estima alrededor de 1000 CSC que siguen funcionando, si bien la década anterior destacó por la multitud de iniciativas legislativas y apoyos de parlamentos de comunidades, ninguna Ley de calado que permita operar en la legalidad ha sido aprobada hasta ahora. Si bien la naturaleza asociativa de la propia asociación es legal, las actividades que desarrollan los clubs, especialmente el auto cultivo de semillas de marihuana colectivo o la distribución entre socios, está penalmente castigada y el Tribunal Supremo ha dejado jurisprudencia clara, que aplican juzgados de lo penal y Audiencias Provinciales, que está llevando a una tendencia de condenas e incluso ingresos en prisión en la generalidad del Estado (el último posicionamiento del TS en 2020 puedes leerlo aquí.

Evidentemente la auto organización del consumo de cannabis a través de estas sociedades no se va a eliminar sin más. Mientras no haya un acceso regulado al cannabis para mayores de edad, los CSC y el mercado ilícito convivirán (incluso cuando exista esa regulación como sucede en California por ejemplo). El consumo no va a desaparecer y el hecho de no regularlo es un atentado a la Salud Pública por el que, incluso equipos de abogados están considerando denunciar.

Las organizaciones de la sociedad civil siguen luchando e incidiendo políticamente en un escenario muy adverso. Si bien quedó en evidencia que la desunión era un factor clave para no avanzar, también ha quedado claro de manera muy evidente que el muro prohibicionista que hay en frente es sólido y muy bien organizado. Poder judicial conservador, poder legislativo polarizado, lobbys conservadores muy potentes, intereses farmacéuticos…Constituyen un dique de contención ante cualquier avance normativo en cannabis, fundamentado en Convenios Internacionales caducos y en valoraciones pseudocientíficas que se alejan de la realidad demostrada por los países que han regulado de manera integral la marihuana.

Por tanto, la operatividad de los CSC ha quedado desvirtuada, no sólo por los ataques jurídicos continuos, sino también por la política de marketing externo de muchas iniciativas que priorizan el modelo coffee shop holandés frente a un modelo que proteja al consumidor de cannabis asociado desde una iniciativa con principios de actuación cooperativista, transparente y responsable. Estaremos atentos a la evolución de los CSC en los próximos años.

Cannabis medicinal y autorizaciones de la AEMPS en España

La pandemia puso en evidencia los problemas de acceso a cannabis terapéutico para los pacientes que lo usan con fines medicinales. Si bien el cierre de CSCs impidió el acceso a una parte de este colectivo, es obvia la necesidad de un programa nacional de acceso a cannabis medicinal regulado y con garantías médicas en España. Las iniciativas legislativas están bloqueadas, especialmente desde el PSOE, que va a rebufo de Europa y que a día de hoy sigue cuestionando la eficacia clínica de los medicamentos a base de marihuana.

Por otro lado se observa un avance en la concesión de autorizaciones para el cultivo de cannabis con fines científicos o de producción para la exportación. Cada vez se presentan proyectos más sólidos y en julio de 2020, en la ultima actualización de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) se observa que ya son 8 las licencias con fines científicos y de investigación y 4 las licencias de producción para la exportación otorgadas, ver enlace aquí.

No obstante, la AEMPS está limitada en recursos humanos para la gestión de las licencias actuales, así como para las nuevas solicitudes que se van presentando y que también van en aumento. La falta de una normativa nacional en la materia hace que la Agencia aplique el criterio más restrictivo de los Convenios Internacionales.

Esto junto con el factor clave de que abordar un proyecto de producción de marihuana esté sólo al alcance de empresas farmacéuticas como Alcaliber (a través de Linneo Health exploran las posibilidades de implantar un monopolio como lo han hecho con el opio), o al alcance de fondos de inversión o empresas internacionales que ya están posicionadas en países como Canadá, Estados Unidos o Colombia, no está impidiendo que pequeñas empresas nacionales se empiecen a posicionar en el sector. Empresas aún sólo con autorización para investigación, pero con vocación de saltar a la autorización para producción.

La experiencia de países como Alemania o Dinamarca entre otros van a determinar el modelo de programa de cannabis medicinal aplicable al Estado español en los próximos años. Nuestra esperanza es que empresas nacionales puedan llegar a distribuir productos que sean competitivos en calidad y precio y que el acceso al mismo no implique un alto costo para el usuario medicinal por las condiciones de trazabilidad que exige un producto médico.

Cáñamo industrial, la ola del cannabis light y otros usos en boga del cáñamo

España cultivó en 2017 alrededor de 100 hectáreas de cáñamo industrial. En 2020 se estima que se alcanzarán alrededor de las 1000 Ha. Si bien sigue siendo un número irrisorio en comparación con otros países de Europa o del continente americano, este crecimiento exponencial en los últimos 3 años, y especialmente en la presente temporada, se asocia a la alta demanda de cannabis no psicoactivo y a la demanda de la molécula de CBD.

Si bien los fines autorizados en España de momento para el cáñamo industrial son la fibra y las semillas, esto no está impidiendo que se comercialicen las otras partes de las planta como las flores y la biomasa, siempre que estén por debajo del nivel del 0.2% de THC. También cabe destacar que alrededor de un 8% de los 13.000 estancos existentes en España están integrando las flores de cáñamo no psicoactivo con alto contenido de CBD como producto novedoso. Si bien el comisionado del tabaco se ha mostrado en contra, esto no ha evitado que la oferta de este tipo de productos vaya en aumento en este tipo de comercios y especialmente en el comercio online.

Así, es difícil de predecir la evolución de esta tendencia. Si bien en Europa se está implantando con fuerza, incluso en países con políticas súper prohibicionistas como Francia, España considera que las flores de cannabis (con o sin THC), están fiscalizadas y que, por tanto, están sujetas a autorización de la Aemps. Nuevamente nos encontramos con una carencia de regulación y contradicciones en este sentido de las cuales deberemos estar atentos a su evolución, puesto que el Ministerio de Sanidad, el Plan Nacional de Drogas y los lobbys antitabaco ya han puesto el foco en esta nueva actividad que a buen seguro considerarán perjudicial para la salud pública.

Cabe destacar el efecto normalizador de esta tendencia y las consecuencias en el impacto regulatorio que está por venir. En España hay 12 Millones de fumadores de tabaco; el efecto deshabituador del CBD en los consumidores de tabaco hace que este producto tenga un alto interés y un potencial segmento de mercado que hará que cada vez veamos más empresas que comercialicen este producto de producción nacional o importado principalmente de Italia y Suiza.

Sólo una legislación en formato Ley Nacional del Cáñamo podrá dar seguridad jurídica a los operadores, pero esto también, a pesar de parecer más sencillo, llevará mínimo una o dos legislaturas. Os recomiendo la I Jornada de cannabis de Cataluñaenfocada al cultivo de cáñamo industrial que se realizará el próximo 17 de Septiembre en su canal de Youtube.

Conclusión : las cosas caen por su propio peso

Aunque el análisis nos lleve a una postura más que pesimista en general, creo que podemos ser moderadamente optimistas en el medio plazo. Cada crisis del sistema genera nuevas grietas y en este sentido la normalización de la marihuana lleva décadas recorriendo su camino. La lucha por su normalización, el sacrificio de cientos de activistas, así como los diversos ejercicios democráticos de desobediencia civil y las iniciativas legislativas logradas hasta la fecha, han conformado los cimientos de una regulación que está por venir y que permitirá que la palanca normativa doblegue al sistema. También estaremos atentos a la reunión de la ONU en diciembre de este año y a la evolución y evaluación de modelos de regulación de otros países a escala internacional.